BRASIL | La Secretaría Nacional del Consumidor, vinculada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, abrió un proceso administrativo contra Enel, debido al apagón provocado en el Estado de São Paulo, en noviembre del año pasado. La medida aparece en la edición del Boletín Oficial de la Unión de este miércoles (6).
Según lo dispuesto por la ley, la empresa debe ser notificada formalmente. El plazo para presentar su defensa y, eventualmente, pruebas a su favor es de 20 días.
Según el ministerio, penalizar a la empresa serviría como una forma de compensar a la población, tal como prevé la Política Nacional de Relaciones con el Consumidor. Más específicamente, el objetivo de responsabilizar a Enel sería reconocer la vulnerabilidad de los consumidores, prevenir abusos cometidos en el mercado de consumo y garantizar la calidad del servicio público prestado. Con el proceso, la secretaría también pretende garantizar que los consumidores reciban la debida compensación cuando se vean perjudicados por la falta de electricidad.
El apagón comenzó el 3 de noviembre de 2023. En el estado, la concesionaria suministra energía a la capital y a 23 municipios de la región metropolitana.
La interrupción del suministro, provocada por fuertes tormentas, afectó el funcionamiento de lugares como el Parque de Ibirapuera, sede de la 35ª Bienal de São Paulo, y de escuelas donde se realizó la prueba del Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem). Simultáneamente con el corte de energía, hubo falta de agua en algunos lugares.
El servicio eléctrico fue restablecido paulatinamente. Sólo en el primer día del apagón se estimó que al menos 2,1 millones de personas se vieron afectadas.
Enel incluso anunció un plan para mitigar los problemas provocados por el apagón. Las medidas, sin embargo, rompieron la expectativa de que se extenderían a todos los afectados, ya que estaban restringidas a los clientes registrados en el programa de Tarifa Social que se quedaron sin electricidad durante 48 horas o más.
El gobierno federal ya había anticipado que responsabilizaría al concesionario. Además de las autoridades del Poder Ejecutivo, la diputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) también tomó la iniciativa de buscar el castigo adecuado para la concesionaria, acudiendo a los tribunales para exigir el pago de una multa de R$ 50 millones por cada día de apagón.
Agência Brasil contactó a Enel para obtener una postura sobre la apertura del proceso, pero la empresa no respondió hasta el momento.
- FUENTE: AGENCIA BRASIL