De 375 solicitudes para importar combustible en Bolivia, solo 36 fueron aprobadas. Empresarios denuncian trabas burocráticas y escasez crítica.
Santa Cruz, Bolivia | A pesar de que el Gobierno boliviano habilitó la libre importación de combustibles mediante el Decreto Supremo 5271 en noviembre de 2024, el proceso sigue enfrentando serias dificultades. De las 375 solicitudes presentadas por empresas privadas, apenas 36 fueron aprobadas, según datos oficiales revelados por la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo.
La medida fue impulsada por la administración del presidente Luis Arce Catacora como respuesta a la escasez de diésel y gasolina que afecta al país desde mediados de 2024. El decreto permite a empresas privadas importar carburantes con arancel cero, tanto para consumo propio como para comercialización interna.
Sin embargo, diversos sectores productivos —como el agro, el transporte y el comercio exterior— han denunciado que el proceso está plagado de trabas burocráticas. El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, advirtió que la intervención de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB, junto con la participación de intermediarios, está ralentizando el acceso al combustible.
Olguín señaló que la situación está generando graves perjuicios económicos, con decrecimientos en las exportaciones y afectaciones logísticas. “Liberar todos estos elementos, bajar a cero la burocracia puede permitir que el país tenga un respiro en estas dificultades logísticas”, afirmó el ejecutivo.
La Aduana Nacional confirmó que las empresas autorizadas están registradas y operan principalmente en los sectores agropecuario y minero. Aunque se han iniciado procesos de compra directa, los volúmenes exactos de importación no han sido divulgados públicamente. Serrudo aclaró que esa información corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras tanto, en varias provincias se reportan precios por encima de los regulados y largas filas en surtidores, lo que agrava la crisis energética. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, reconoció que existe un déficit comercial de 300 millones de dólares para la importación de combustibles, lo que depende de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y el Banco Central.
La situación pone en evidencia que, aunque la normativa permite la participación privada, el control estatal y la burocracia siguen siendo obstáculos para una solución efectiva. El país continúa enfrentando una crisis de abastecimiento que afecta directamente a la productividad y competitividad de sus sectores clave.